Lejos de la imagen benefactora de los centros terapéuticos, la situación de los menores en estos centros puede ser aún peor que en los reformatorios.
COMO UNA CÁRCEL. Imagen del interior de un centro de reforma.
Los denominados centros terapéuticos están especializados en la atención a menores de entre 12 y 18 años que presentan trastornos de la conducta. Incluidos en la red del sistema de protección de menores de las distintas comunidades autónomas, y con un régimen de internamiento semiabierto, estos centros poseen un equipo multidisciplinar de profesionales de distintos ámbitos de lo social y educativos que velan por el bienestar del menor y por su futuro. Tratan de paliar las carencias afectivas ofreciendo un entorno estable ajustado a sus necesidades.
El objetivo, lograr la recuperación psicosocial del menor, favoreciendo un crecimiento adecuado para así conseguir su plena integración social. Hasta aquí la versión oficial, pero por desgracia esto sólo es así en los papeles. En la práctica, la situación es muy distinta. Los menores, que son internados contra su voluntad en régimen semiabierto (o más bien ‘semicerrado’), sufren una reglamentación netamente carcelaria.
La normativa interna es la misma que la de los centros de reforma, incluyendo penas de aislamiento de hasta siete días, eufemísticamente llamadas “separación de grupo”. Su situación es incluso más dura y restrictiva que en la de los propios centros de reforma, ya que al no estar condenados ni haber sido enjuiciados no tienen un tiempo determinado de internamiento (no saben cuándo van a salir del centro, siendo la estancia media de entre un año y medio y dos años), no tienen asistencia letrada y ningún juez supervisa las sanciones que les son impuestas. Los derechos de estos chavales son ultrajados constantemente.
Asistir al instituto es un ‘privilegio’ que el menor debe ganarse, y que en cualquier momento puede ser retirado por decisión del director del centro. Por supuesto, ningún profesor ni orientador acude a estos centros para impartir clases a los ‘no privilegiados’, que no reciben, por tanto, tipo alguno de formación reglada. Tampoco existe el derecho a la intimidad.
La correspondencia es abierta y leída por el equipo educativo que, cuando lo estima oportuno, la retiene o confisca; las llamadas telefónicas son supervisadas y pueden ser interrumpidas por el educador. Los permisos y las visitas, además de estar muy restringidas, pueden ser canceladas a voluntad de la dirección. Los registros con desnudo integral son habituales, generalmente como forma añadida de castigo y humillación al menor: llegan a ser obligados a hacer flexiones o a saltar en cuclillas mientras permanecen desnudos, a veces en presencia de otros menores además de la del propio personal del centro, que en ocasiones no es del mismo sexo que el menor.
El castigo físico está a la orden del día, por ejemplo obligando a los menores a realizar ejercicio físico hasta la extenuación. Otros castigos vejatorios se esconden bajo las llamadas ‘medidas educativas creativas’, que competen al educador de turno (por ejemplo atar la mano de un menor a la de otro para que “aprendan a convivir”). Los castigos colectivos son igualmente algo cotidiano. Las agresiones físicas también están presentes, justificadas como “contención física”.
Obviamente, ningún médico revisa a los niños tras estos violentos episodios. La coacción, las amenazas, los gritos, los insultos y demás agresiones verbales son recursos ‘educativos’ utilizados diariamente. En muchos de estos centros se abusa constantemente de psicofármacos, especialmente tranquilizantes, siendo una medicación forzosa a la que no pueden negarse los menores. A veces los propios educadores disuelven tranquilizantes en la comida, sin supervisión ni prescripción médica alguna y sin informar de ello a los menores, para que “no molesten”. La medicación psiquiátrica también se utiliza como forma de castigo o como medida de coacción.
Desgraciadamente, este tipo de centros están proliferando de manera alarmante en los últimos años. Son ya varias las fundaciones y supuestas ONG que están encargadas de la gestión de estos recintos ‘terapéuticos’, aunque la abanderada de este tipo de ‘intervención social’ sigue siendo la Fundación Internacional O’Belén, con su presidente Emilio Pinto Rodríguez a la cabeza.
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